CAMARA CONT. ADMI. 2A NOM

Protocolo de Autos

Nº Resolución: 112

Año: 2018 Tomo: 2 Folio: 363-367

EXPEDIENTE: 2000525 -  - POSSE, HECTOR AGUSTIN C/ TRIBUNAL DE DISCIPLINA DE

ABOGADOS DE CÓRDOBA - PLENA JURISDICCION

AUTO NÚMERO: CIENTO DOCE

Córdoba, diecisiete de abril de dos mil dieciocho

VISTOS:

Estos autos caratulados “POSSE, HÉCTOR AGUSTÍN C/ TRIBUNAL DE DISCIPLINA

DE ABOGADOS DE CÓRDOBA – PLENA JURISDICCIÓN (Expte. Nro. 2000525,

iniciado el 26/08/2010) en los que:

1.- El actor Sr. Héctor Agustín Posse deduce incidente de nulidad en contra de la cédula que conforme el certificado de fs. 59, resultó emitida por el sistema informático, Acuerdo reglamentario 1103 Serie A., dirigida al Dr. Gonzalo Javier Posse, omitiendo notificar al compareciente, y en consecuencia, requiere la declaración de nulidad de todos los actos procesales posteriores, con especial imposición de costas a la demandada en caso de oposición (fs. 77/78).

Relata que los presentes autos fueron iniciados pretendiendo la revocación judicial de la sanción dictada en el procedimiento disciplinario llevado a cabo por el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados.

Manifiesta que la acción fue firmada por el actor, por derecho propio y como abogado en causa propia, con el patrocinio letrado del Dr. Gonzalo Javier Posse, e iniciada en fecha 26/08/2010, cuando el sistema digital de administración de causa no funcionaba en pleno, ni estaban reguladas las notificaciones digitales, lo que ocurre en fecha 27 de junio de 2012, por Acuerdo Reglamentario 1291 Serie A de fecha 19/06/2015.

Afirma que se encuentra registrado como parte y como abogado principal en el SAC, y que la intervención del Dr. Gonzalo Javier Posse, sólo se limitó al co-patrocinio en la presentación

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de la demanda, no realizando ningún tipo de acto procesal posterior, aclarando que tanto el desarchivo y la totalidad de la tramitación posterior fue practicada por el compareciente, quien como abogado se encuentra correctamente habilitado para proceder en defensa en causa propia.

Añade que todos los actos procesales, antes del archivo y con posterioridad al desarchivo de estos obrados, fueron notificados al domicilio procesal constituido por el compareciente en la demanda, esto es, en Rivera Indarte Nro. 117, 3° Piso. Of. 23 de esta ciudad, el cual se mantiene a la fecha, ya que es sede y asiento del estudio jurídico del que es titular.

Enfatiza que tras la interposición de la demanda, el Dr. Gonzalo Posse no realizó ningún otro acto procesal, y hace más de cinco años que no tiene contacto alguno con la presente causa, a más de no tener contacto con dicho letrado también desde hace varios años, toda vez que afirma que no trabaja más en su estudio, continuando el proceso con la participación única y exclusiva del compareciente como abogado en causa propia.

Insiste que el domicilio constituido al inicio de las presentes actuaciones, es su domicilio legal debidamente asentado en el Colegio de Abogados, como sede del estudio del exponente y principal asiento de todas las cuestiones jurídicas y profesionales que atiende desde hace más de 27 años.

Manifiesta que por tal motivo, al retirarse el Dr. Gonzalo Posse en la colaboración del presente causa, no fue necesario el cambio de domicilio, pero éste sí comunicó un nuevo domicilio por ante el Colegio de Abogados de Córdoba, distinto al constituido en autos.

Analiza el art. 15 de la Ley 7182, art. 145 del CPCC y Acuerdo Reglamentario Nro. 1103 Serie A del TSJ., y concluye que cada letrado tiene su propio domicilio electrónico construido en forma personal al fijar en el sistema extranet, su usuario y contraseña, que siendo de uso personal, no tiene el mismo alcance que la notificación al domicilio constituido cuando ésta se diligencia en soporte papel.

Aduce que por tales motivos, la notificación se torna exclusiva y válida solamente cuando es

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dirigida a cada letrado, que en definitiva, es el único que tiene acceso a ella en razón del carácter personal y único de dicho domicilio.

Advierte que el Acuerdo Reglamentario no establece que es suficiente la notificación digital a un solo abogado de parte, sino dice a los letrados, y que atento las características propias del caso, se debieron extremar los recaudos al notificar, ya que se trata de un proceso iniciado con mucha anterioridad a la implementación del SAC.

Asegura que el vicio es trascendente, habida cuenta que no pudo ejercer adecuadamente su derecho de defensa ay solicitar vía recurso de casación la revocación por contrario imperio de lo resuelto en autos.

Ofrece prueba informativa, testimonial y documental.

En cuanto a la temporalidad de la vía intentada, afirma que toma conocimiento del acto procesal contra el cual impugna su nulidad, a partir de haber sido notificación de la ejecución de sentencia que se intenta en su contra, por cédula diligenciada en fecha 10/07/2017, que acompaña.

2.- Impreso el trámite de juicio abreviado al incidente de nulidad en los términos del art. 507 del CPCC, la parte demanda a fs. 95/97 contestó el planteo, solicitando su rechazo, con costas.

3.- Proveída y diligenciada la prueba (cfr. fs. 98/117), se dictó el decreto de autos, el que firme deja el incidente en condiciones de ser resuelto (fs. 119/120).

Y CONSIDERANDO:

I) Que el actor, Dr. Héctor Agustín Posse, promueve incidente de nulidad en contra de la cédula emitida por el sistema informático dirigida al Dr. Gonzalo Javier Posse, ya que entiende que se omitió notificar al compareciente – a su domicilio constituido o digital- el decreto que indicaba la fecha de lectura de sentencia. En consecuencia, requiere la declaración de nulidad de todos los actos procesales posteriores, con especial imposición de costas a la demandada en caso de oposición (fs. 77/78). A tal efecto esgrime que:

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a) 	Tras la interposición de la demanda, el Dr. Gonzalo Posse no realizó ningún otro acto procesal, y hace más de cinco años que no tiene contacto alguno con la presente causa, a más de no tener relación con dicho letrado desde hace varios años, y que no trabaja más en su estudio jurídico. 

b) 	El domicilio constituido al inicio de las presentes actuaciones, es su domicilio legal debidamente asentado en el Colegio de Abogados, como sede del estudio del expediente y principal asiento de todas las cuestiones jurídicas y profesionales. Al retirarse el Dr. Gonzalo Posse en la colaboración del presente causa, no fue necesario el cambio de domicilio en autos, pero éste sí comunicó un nuevo domicilio por ante el Colegio de Abogados de Córdoba, distinto al de autos. 

c) 	Cada letrado tiene su propio domicilio electrónico constituido en forma personal al fijar en el sistema extranet su usuario y contraseña, por lo que la notificación se torna exclusiva y válida cuando es dirigida a cada letrado, que es el único que tiene acceso a ella en razón del carácter personal y único de dicho domicilio. Habida cuenta que en autos no se cursó notificación alguna al compareciente ni al domicilio constituido ni al digital, es inválida la cédula que no se diligenció en debida forma. 

II) Que en primer lugar, es oportuno recordar que las nulidades procesales junto con la inadmisibilidad participan del género de sanciones procesales, éstas últimas son las conminaciones de invalidez que se ciernen sobre los actos procesales tendientes a resguardar la regularidad del trámite, para garantizar el debido proceso adjetivo (arts. 18 C.N. y 40 C.Pcial.).

En este marco, la nulidad procesal ha sido definida como “la sanción por medio de la cual se le quita efectos jurídicos a un acto viciado, es decir, a aquél que ha sido cumplido sin observar los requisitos esenciales exigidos por la ley, que le impiden cumplir sus fines” (Cfr. Díaz Villasuso, Mariano A., Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba, comentado y concordado. Doctrina y jurisprudencia, Tomo I, Advocatus, Córdoba, 2013,

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pág. 205).

III) Que al respecto se hace necesario precisar que en nuestro ordenamiento procesal la regla general contenida en el art. 143 del CPCC aplicable por remisión del art. 13 C.M.C.A. es que “las providencias y resoluciones judiciales no obligan si no son notificadas con arreglo a la ley".

De ello surge la sustancial importancia de las notificaciones como actos procesales, que en virtud del principio dispositivo deben ser efectuadas por las partes o por el Tribunal, y con sujeción a las formas que estatuye el art. 153 ib, máxime teniendo en cuenta que con ellas se procura resguardar el adecuado ejercicio del derecho de defensa de las partes.

IV) Que con la proyección de esos conceptos y en esta inteligencia de la cuestión que se analiza, se advierte que el planteo de nulidad efectuado por el actor, fundando en la defectuosa notificación del proveído que fijó el día y hora del acuerdo a los fines de dictar sentencia en audiencia pública en los presentes autos (fs. 57), resulta manifiestamente improcedente.

En efecto, en primer lugar, es indudable que la notificación electrónica del decreto de fecha 02/03/2017 al Dr. Gonzalo Javier Posse, la que fuera oportunamente incorporada y registrada en el SAC (cfr. fs. 59), en carácter de patrocinante del actor, tiene plenos efectos legales, tal como expresamente prescriben los Acuerdos Reglamentarios Nº 1103, Serie "A", de fecha 27/06/2012 y Nº 1291 Serie “A” de fecha 19/06/2015 (para el fuero contencioso-administrativo), del Tribunal Superior de Justicia.

En el caso, no puede soslayarse que tal notificación fue practicada con arreglo a un régimen de comunicaciones electrónicas establecido por el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba según el cual: (1) una vez confeccionado el auto o resolución que debe notificarse, su texto queda disponible para ser visualizado por el destinatario en un portal de internet al que éste puede acceder con su clave; (2) la notificación se perfecciona después de transcurrido cierto lapso desde ese momento en que el texto quedó disponible para la lectura, y con

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independencia de que el destinatario haya accedido o no al portal para tomar conocimiento de la providencia o resolución; y (3) en el mismo texto de la "cédula digital" así emitida se indica el momento de expiración de ese lapso, es decir, la fecha a partir de la cual la comunicación surte sus efectos procesales propios, como lo es el de que comience a correr el plazo para interponer un recurso. En este sentido expresamente se ha expedido la CSJN, (Fallo: CSJ 2934/2015/RH1. "Rosetani, Adriana María c/ Las Lomas SA s/ordinario", fecha 21/2/2017).

Es por ello que la utilización de las comunicaciones electrónicas y domicilios electrónicos constituidos, en virtud de la reglamentación del Tribunal cimero citada precedentemente, tiene idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales.

V) Que ahora bien, siendo indiscutida la validez de la notificación electrónica realizada en autos al Dr. Gonzalo Javier Posse, corresponde analizar el argumento del incidentista, en cuanto asegura que por la omisión de notificación a su domicilio constituido o digital propio, resultan nulos los actos procesales subsiguientes.

Esgrime que con posterioridad a la interposición de la demanda, el referido letrado no realizó ningún otro acto procesal, y hace más de cinco años que no tiene contacto alguno con la presente causa, a más de no tener relación con dicho letrado desde hace varios años, y que no trabaja más en su estudio jurídico.

El art. 80 del CPCC, en su segundo párrafo prescribe que “…la intervención y firma del letrado en la primera actuación que tenga en la causa importará su nombramiento como patrocinante y su aceptación del cargo. Permanecerá en él mientras no haya notificado su renuncia…”

De la norma transcripta surge sin lugar a dudas que el letrado permanece en el cargo mientras no haya notificado su renuncia al patrocinio, en concordancia con el art. 98 del CPCC que pone a cargo del renunciante que ésta se practique; y a su vez, la intervención de otro letrado no implica cambio de patrocinio, sino cuando se constituye un nuevo domicilio procesal.

A la luz de tales preceptos se deduce que la suscripción del escrito introductorio (demanda)

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obrante a fs. 1/4 por el Dr. Gonzalo Javier Posse, conjuntamente con el actor, Dr. Héctor Agustín Posse, implicó su nombramiento como representante voluntario del titular de la pretensión ejercida en este proceso y su consecuente aceptación en el cargo.

Por ello, no habiendo renunciado el Dr. Gonzalo Javier Posse a la dirección técnica de este proceso, a dicho letrado le correspondía la obligación legal e imperativo ético de poner en conocimiento de su cliente – Dr. Héctor Agustin Posse- la notificación así recibida a fs. 59, que daba cuenta del día y hora de la audiencia a los fines del dictado del acto jurídico procesal más importante que pone fin al pleito, esto es, la sentencia.

Se insiste que en el sublite, no se avizora afectado el derecho de defensa del actor, principio de trascendencia de las nulidades, por cuanto su patrocinante tuvo conocimiento efectivo del decreto que fijaba día y hora de audiencia a los fines de dictar sentencia en las presentes actuaciones, no siendo atendibles las cuestiones personales invocadas por el actor, las que son ajenas al proceso.

VI) Que sin perjuicio de las consideraciones precedentemente efectuadas, asiste razón al representante de la demandada, en cuanto a que el incidente deducido es extemporáneo. El art. 78 del CPCC indica que el incidente debe ser promovido dentro de los cinco días de conocido el acto viciado. Transcurrido dicho plazo se entenderá que ha sido consentido por la parte interesada en la declaración de nulidad.

De lo expuesto interesa destacar que dado el carácter relativo de las nulidades procesales, éstas son susceptibles de ser saneadas o purgadas por el consentimiento de las partes, que puede ocurrir expresa o tácitamente, sea por ratificación expresa del acto de manera categórica o que transcurra el plazo para impugnarlo.

De la documental acompañada por el representante del órgano deontológico, se desprende que en fecha 22/06/2017 se notificó al domicilio constituido en autos sito en Rivera Indarte Nro. 117, 3° piso. Of. 23, el decreto del Tribunal de Disciplina que dispuso la ejecución de la sanción aplicada (cfr. fs. 86). Una vez firme tal proveído, en fecha 03/07/2017 se notificó al

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mismo domicilio indicado que la sanción impuesta se ejecutará a partir del 1° de agosto de 2017 (cfr. fs. 87). En esta orden de ideas, el interesado recién promovió el incidente de nulidad en fecha 25/07/2017 (cfr. fs. 78vta.)

En otras palabras, el incidentista desde el 22/06/2017 conocía de la ejecución de la sanción en su contra, la que sólo podía derivar de un pronunciamiento judicial adverso, y no obstante ello, dejó vencer el plazo fatal de cinco (5) días para incoar el incidente de nulidad (art. 49 inc. 5 CPCC).

Se insiste que es partir de la notificación extrajudicial realizada por el Tribunal de Disciplina de Abogados, que el accionado quedaba plenamente habilitado para denunciar la invalidez del proceso. La alegación posterior presentada en fecha 25/07/2017 es inadmisible por extemporánea, tratándose de una conducta violatoria de la teoría de los actos propios.

Es casi innecesario destacar que la notificación de la ejecución de la sanción por parte del Tribunal de Disciplina, permite razonablemente presumir que llevó consigo su real conocimiento de la existencia de la conclusión del litigio judicial en cuya órbita se discutió la misma.

En este sentido, la doctrina y jurisprudencia es conteste en afirmar que la regla indica que el plazo principia en el mismo momento en que el interesado toma conocimiento del acto viciado, sin que ello- necesariamente- requiera de un acto rendido dentro del proceso (por caso, presentación de un escrito o asistencia a una audiencia), sino que puede incluir la participación del interesado fuera del juicio (vgr. publicación de edictos, notificación extrajudicial, dictado de medidas cautelares, etc.). Así se ha expresado el Tribunal Superior de Justicia, Sala Civil y Comercial en autos “León Sonia Patricia c/ Unión SACIYF y otro – Recurso Directo”, Auto Nro. 100/08.

De todo lo expuesto, se evidencia que los argumentos vertidos por el impugnante no pueden ser atendidos y en consecuencia, el incidente de nulidad incoado no puede prosperar, atento su manifiesta extemporaneidad.

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VII) Que finalmente en cuanto a las costas, corresponde imponerlas a la actora, atento el principio objetivo de la derrota (art. 130 del CPCC).

Por ello y normas legales citadas,

SE RESUELVE:

No hacer lugar al incidente de nulidad promovido por el Dr. Héctor Agustín Posse, con costas (art. 130 del CPCC).

Protocolizar, dar copia y hacer saber.

SANCHEZ GAVIER, Humberto Rodolfo

VOCAL DE CAMARA

ORTIZ de GALLARDO, Maria Ines del Carmen	de GUERNICA, Cecilia María	
VOCAL DE CAMARA	VOCAL DE CAMARA	

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